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La Ley Antártica Chilena en menos de 1.500 palabras

"Esta nueva Ley Antártica marcará un antes y un después en la historia antártica chilena, y repercutirá internacionalmente", afirma el doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile Luis Valentín Ferrada. Fotografía Armada.

 Por Luis Valentín Ferrada W.
Doctor en Derecho
Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Concretando una idea manifestada de modo indirecto en la Política Antártica Nacional del año 2000, respecto a la cual se dispuso avanzar formalmente el 2007, entre el 2011-2013 se elaboró un proyecto de ley destinado a sistematizar, armonizar y modernizar la normativa chilena antártica, garantizando un mejor desempeño nacional y el cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Sistema del Tratado Antártico. Él fue ingresado al Congreso Nacional en marzo 2014 y finalmente aprobado en agosto 2020. Se promulgó como Ley 21.255, publicada en el Diario Oficial el 17 de septiembre del 2020, sin perjuicio que entrará en vigor 180 días después de su publicación (artículo 1º Transitorio), el 17 de marzo del 2021. La ley cuenta con ocho títulos que agrupan un total de 58 artículos más tres artículos transitorios.

En el Título I, Disposiciones Generales, se fijan los objetivos de la ley (artículo 1º), reiterando la delimitación del Territorio Chileno Antártico hecha en 1940 con las actualizaciones derivadas de la evolución del Derecho de Mar (artículo 2º). La soberanía chilena se ejercerá con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional (artículo 3º) aplicándose la ley en todo el territorio de la República, incluido el Territorio Chileno Antártico, así como en toda la Antártica y sus aguas circundantes a fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales del país (artículo 4º). Se definen legalmente una serie de términos empleados en la ley (artículo 5º).

La institucionalidad antártica chilena es abordada en el Título II, donde se definen y coordinan las competencias antárticas de los órganos del Estados y los instrumentos que orientan su actuar. El principal documento directivo es la Política Antártica Nacional, que fija los grandes objetivos de Chile en la Antártica (artículo 6º), debiendo ser aprobada por el Presidente de la República a propuesta del Consejo de Política Antártica, entidad interministerial regulada en esta ley (artículo 7º) y en la del Ministerio de Relaciones Exteriores (Ley 21.080). De ella, que debe revisarse cada 10 años, se desprende el Plan Estratégico Antártico, que orienta las tareas y acciones concretas de las entidades estatales en un lapso de cinco años (artículo 8º), las que anualmente se fijan en el Programa Antártico Nacional (artículo 9º). La conducción de la Política Antártica Nacional, la coordinación interministerial y la representación internacional de Chile en temas antárticos es una función propia del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 10), sin perjuicio de otras misiones específicas de esta cartera (artículo 11). Existen también competencias relevantes de los Ministerios de Defensa Nacional (artículo 12), y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (artículo 13). Los operadores antárticos serán los encargados de organizar y realizar las actividades operativas, logísticas, científicas y tecnológicas (artículo 14), considerando entre ellos al Instituto Antártico Chileno (artículo 15) y a los operadores antárticos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional (artículo 16). Se da rango legal al Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medioambiente Antártico (artículo 17) y se considera una serie de Secciones y Comités Antárticos Nacionales como contrapartida doméstica de los diversos foros del Sistema del Tratado Antártico (artículo 18).

El Título III trata del gobierno y administración del Territorio Chileno Antártico, considerando las atribuciones y funciones del Delegado Presidencial Regional (artículo 19) y del Gobierno Regional de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (artículo 20). En cuanto no sea contradictorio con esta ley, se seguirá aplicando al respecto el Estatuto Chileno Antártico (1956).

El financiamiento de la actividad antártica nacional, a que se refiere el Título IV, se asignará anualmente mediante la Ley de Presupuestos, en forma desagregada y en conformidad al Programa Antártico Nacional (artículo 21).

En el Título V se fija la regulación general para las actividades antárticas, las que deberán orientarse por fines exclusivamente pacíficos, ser sustentables, garantizar la protección del medioambiente y realizarse conforme a las normas de esta ley, del Sistema del Tratado Antártico y otras normas aplicables (artículo 22). Hay ciertas actividades prohibidas (artículo 23) y otra que requieren permiso previo (artículo 24), así como un sistema de autorizaciones para actividades no estatales (artículo 25), científicas y tecnológicas (artículo 27) y para el zarpe y despegue de naves y aeronaves hacia la Antártica (artículo 28). Se establecen regulaciones especiales para las actividades antárticas estatales (artículo 26), científicas (artículo 29), artísticas, culturales y deportivas (artículo 30), turísticas (artículo 31), y pesqueras y extractivas (artículo 32). Se dispone sobre las acciones de búsqueda y rescate (artículo 33), y respecto a la notificación previa de las expediciones antárticas (artículo 34), así como procedimientos de homologación para actividades, expediciones, naves y aeronaves extranjeras (artículos 25, 27 y 28).

El Título VI dispone que todas las actividades que se planifiquen o ejecuten en la Antártica deberán observar los principios de protección y conservación del medioambiente antártico y sus ecosistemas dependientes y asociados (artículo 35), considerando los procedimientos adecuados para la eliminación y tratamiento de residuos (artículo 36), y sometiéndose a una evaluación previa de impacto ambiental (artículos 37 y 38). Se suministrará a los operadores información al respecto (artículo 39) y quienes tengan conocimiento de la ocurrencia de un daño medioambiental antártico deberán comunicarlo a las autoridades pertinentes (artículo 40). Se dispondrá una acción de respuesta rápida y efectiva ante las emergencias ambientales (artículo 41) y todo daño ambiental antártico doloso o culpable dará lugar a las acciones de reparación ambiental (artículo 42), presumiéndose legalmente la culpa de quien ha infringido las normas pertinentes (artículo 43). El Estado de Chile será el titular de la acción ambiental, mediante el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de la acción indemnizatoria de quien haya sufrido perjucios (artículo 44). Será competente el Tribunal Ambiental correspondiente (artículo 45) y se aplicará subsidiariamente la Ley de Bases Generales del Medioambiente (artículo 46).

En cuanto a la fiscalización y sanciones, el Título VII establece quienes serán las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley, tanto en el Continente Antártico como en el resto del país, sin perjuicio que toda persona podrá denunciar ante ellas las infracciones que conozca (artículo 47). Se tipifica un conjunto de infracciones que pueden cometer personas naturales y jurídicas, sancionándolas con multas (artículo 48). Será competente para conocer al respecto la Superintendencia del Medioambiente o la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, según los casos (artículo 49), y conforme las normas de procedimiento e impugnación que se fijan (artículo 50), incluyendo las disposiciones sobre prescripción (artículo 52). Toda sentencia condenatoria infraccional deberá ser comunicada al Ministerio de Relaciones Exteriores (artículo 51). Se establece también una serie de delitos especiales en materia antártica (artículo 54), que serán investigados y perseguidos por la Fiscalía Regional de Punta Arenas y conocidos por el juzgado de garantía y el tribunal de juicio oral en lo penal competente (artículo 53).

En las disposiciones finales del Título VIII se señala que la ley no irrogará gasto fiscal (artículo 55), aunque el potenciar la acción antártica nacional se traducirá sin duda en una mayor inversión. Para garantizar la conservación y defensa de los derechos soberanos antárticos chilenos, se mantienen en vigor, en lo que no pugnen con esta ley, el Decreto Supremo 1.747 (1940/1955) del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Ley 11.846 (1955) y el Decreto Supremo 298 (1956) del Ministerio de Relaciones Exteriores, normas anteriores al Tratado Antártico (1959) y que constituyen una afirmación incuestionable e inatacable de nuestro dominio sobre el Territorio Chileno Antártico (artículo 56). Finalmente, se declara como norma supletoria general a la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos (artículo 57), y se hacen algunas modificaciones a la Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores en lo relativo al Consejo de Política Antártica (artículo 58). Conforme a las Disposiciones Transitorias, la ley comenzará a regir 180 días después de su publicación (artículo 1º Transitorio), debiendo dictarse en un plazo desde dos años desde entonces los reglamentos que esta contempla (artículo 2º Transitorio). Por último, se prescribe que hasta que no entre en vigor la Ley de Gobiernos Regionales, las menciones al Delegado Presidencial Regional y al Gobernador Regional deben entenderse efectuadas al Intendente Regional (artículo 3º Transitorio).

Sin perjuicio de lo que la práctica vaya requiriendo, la ley dispone desarrollar mediante normas administrativas las siguientes materias, que probablemente se traducirán en tres o cuatro reglamentos: Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medioambiente Antártico (artículo 17), Secciones y Comités Antárticos Nacionales (artículo 18), actividades que requieren autorización previa (artículo 24), autorización para realizar actividades antárticas no estatales (artículo 25), actividades científicas y tecnológicas antárticas (artículo 27), actividades turísticas (artículo 31), actividades pesqueras y otras actividades de captura de recursos vivos marinos antárticos (artículo 32), y protección y conservación del medioambiente antártico, incluyedo la eliminación y tratamiento de residuos (artículo 35). Además, debe considerarse el Reglamento del Consejo de Política Antártica, que desarrolla el artículo 52 de la Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta nueva Ley Antártica marcará un antes y un después en la historia antártica chilena, y repercutirá internacionalmente.

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