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Dualidades antárticas y la nueva Ley Antártica de Chile


Por Luis Valentín Ferrada W.
Doctor en Derecho
Facultad de Derecho, Universidad de Chile

La nueva Ley Antártica chilena recientemente aprobada por el Congreso Nacional es una iniciativa legislativa de enorme trascendencia, siendo la primera vez desde 1955-1956 que se dicta una norma general sobre la materia.

Para valorarla, es necesario comprender ciertos claroscuros, matices y dualidades que la nueva normativa ha debido equilibrar. No sirve una visión binaria (lo uno o lo otro), requiriéndose una mirada holística que penetre en las complejidades políticas, jurídicas y naturales de uno de los espacios más interesantes del planeta. La aproximación chilena, por lo demás, solo es comparable con la de los otros seis Estados que afirman derechos soberanos en la Antártica.

Para Chile, lo antártico es, a un tiempo, un tema nacional/internacional. El país afirma sus derechos soberanos sobre el Territorio Chileno Antártico, parte íntegra del dominio nacional, mientras en paralelo es miembro de las diversas convenciones del Sistema del Tratado Antártico y un activo participante en el régimen de co-administración internacional del continente y el Océano Austral, incluidos sus ecosistemas dependientes y asociados. Se ha estado dispuesto a suspender las controversias sobre derechos soberanos a cambio de garantizar la paz y participar en el gobierno de la Antártica como un todo.

Una segunda dualidad se refiere a la eficacia territorial de la nueva ley. El país requería, por una parte, modernizar y sistematizar su ordenamiento jurídico antártico. Se abordan así la institucionalidad respectiva, las competencias de diversos órganos, el gobierno interior, el ejercicio de la jurisdicción y sanciones, entre otros. Son normas cuya aplicación se circunscribe primordialmente a Chile. Por otra parte, se necesitaba dar cumplimiento a una serie de obligaciones internacionales, operativizándolas a través de las disposiciones domésticas. Ellas no solo se aplicarán en el Territorio Chileno Antártico, sino que en el Sexto Continente en su totalidad, teniendo la ley chilena eficacia extra-territorial.

Una tercera dualidad se refiere a las competencias de diversos órganos del Estado en relación con las materias antárticas. Por sus implicancias para el país como un todo y sus consecuencias internacionales, todo lo antártico es parte del gobierno general del Estado y de la Política Exterior del país, siendo competencia propia del Presidente de la República, asesorado por el Consejo de Política Antártica y por el Ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, junto a estas potestades centralizadas, hay una multiplicidad de otros órganos del Estado que poseen competencias antárticas desconcentradas o descentralizadas, tal como las autoridades de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena respecto al gobierno interior del Territorio Chileno Antártico; o las Fuerzas Armadas y el Instituto Antártico Chileno en las tareas operativas, logísticas y actividades científicas; o el Ministerio de Medioambiente, o las subsecretarías de Pesca y de Turismo, o ciertos tribunales de justicia, entre otros.

Una cuarta dualidad se refiere a los ámbitos de toma de decisiones. Todo lo antártico es, por definición y por su vinculación con la preservación del territorio nacional, por su imbricación con la Política Exterior, por la trascendencia que posee para el país en su conjunto, por la multiplicidad de ministerios implicados, un tema eminentemente de alcance nacional. Ello explica por qué los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, y las Fuerzas Armadas, poseen un rol prioritario e insustituible. Por otra parte, todo cuanto se hace en términos materiales en la Antártica posee una vinculación directa con las ciudades de Punta Arenas y Puerto Williams. Las actividades antárticas constituyen una fuente de ingresos relevantes para la región y hay un desarrollo interesantísimo de empresas locales como prestadores de servicios operativos y logísticos para los numeroso programas extranjeros que acceden al continente a través de nuestro país. Más que “puerta de entrada” a la Antártica, somos “puente” entre ambas márgenes del Mar de Drake, las dos bajo soberanía chilena. Por lo mismo, las grandes decisiones estratégicas sobre la Antártica se adopatan en los más altos niveles del Estado de Chile, en tanto las decisiones sobre aspectos concretos se toman de forma local, desconcentrada o descentralizada, según los casos.

La nueva Ley Antártica busca compatibilizar todas estas dualidades, equilibrando las perspectivas nacional, regional e internacional. Como toda obra humana, ella requerirá sin duda ser perfeccionada en el futuro, pero Chile puede sentirse orgulloso de contar hoy con una Ley Antártica que le permitirá enfrentar acertadamente los grandes desafíos que el Sexto Continente le impone.

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